Afianzamiento Tributario

Problemática del caso
El Artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador se encuentra en evidente contradicción con la Constitución del Ecuador, que establece el derecho de acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses.


Violación de los Art. 8 y 25 de la CADH
Art 7. LRETE
”Art. 7.- A continuación del Art. 233, agréguese el siguiente:
“Art. (...) Afianzamiento.- Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo Fiscal con una caución equivalente al 10% de su cuantía; que de ser depositada en numerario será entregada a la Administración Tributaria demandada. La caución se cancelará por el Tribunal Distrital de lo Fiscal o Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia si la demanda o pretensión es aceptada totalmente, la que en caso de ser en numerario generará a favor del contribuyente intereses a la misma tasa de los créditos contra el sujeto activo. En caso de aceptación parcial el fallo determinará el monto de la caución que corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad que servirá como abono a la obligación tributaria; si la demanda o la pretensión es rechazada en su totalidad, la administración tributaria aplicará el valor total de la caución como abono a la obligación tributaria. Esta caución es independiente de la que corresponda fijarse por la interposición del recurso de casación, con suspensión de ejecución de la sentencia o auto y de la de afianzamiento para hacer cesar medidas cautelares y se sujetará a las normas sobre afianzamiento establecidas en este código. El Tribunal no podrá calificar la demanda sin el cumplimiento de este requisito, teniéndose por no presentada y por consiguiente ejecutoriado el acto impugnado, si es que dentro del término de quince días de haberlo dispuesto el Tribunal no se la constituyere.”
Art. 75 y 168 de la Constitución
…”Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”…

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios:
4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales.
Violación de los Art. 8 y 25 CADH
Art. 8 1): Garantías Judiciales
 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Art. 25 Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Casos de clínicas
Caso Inicial:
Actora: BLANCA PIEDAD ULLOA ÁLVAREZ
Demandado: TESORERO Y DIRECTOR FINANCIERO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Hechos:
Demanda de excepciones propuesta en contra del proceso de ejecución.
Providencia 17 de abril de 2009, ordena pago de caución 10 %
21 de mayo 2009, actora solicita revocatoria de providencia por haber dado cumplimiento con el pago de dicha caución.
Casación: “No hay certidumbre sobre constitucionalidad del artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria”.
Consulta a la Corte Constitucional.


Consulta a la Corte Constitucional
CNJ: 14 Octubre 2010:
De conformidad con el contenido de la sentencia de constitucionalidad condicionada del artículo 7, se debe entender que el afianzamiento tributario es un requisito que sólo puede ser exigido a quien impugna un acto de determinación tributaria luego de que se ha calificado la demanda.

Lo que se ve afectado no es la gratuidad, sino el acceso a los órganos en la administración de justicia.

Se devuelve el proceso a la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal.
Dispone que se califique si la misma cumple con los requisitos previstos en el Código Tributario y se dé trámite respectivo y ordene que se cite con ella el demandado.

En este caso, la actora si afianzó. Aunque no en el plazo establecido. Presentando el comprobante de pago.

Caso escogido para la CIDH:
Actor: OSWALDO SANEN PAREDES CARRERA
Demandado: DIRECTOR REGIONAL DEL NORTE DEL SRI.
Caso N° 99-2010. Corte Nacional de Justicia. Casación.
Antecedentes:

3. El 22 de julio del 2009, escrito del accionante que indica que la suma correspondiente al 10% del valor de la obligación tributaria es de $1.943,56 USD; valor que por mi condición económica no solo(sic)de ahora, sino de toda mi vida, me es imposible hacerlo.
Además: no pude establecer su legítimo derecho a la defensa, y de llegarse a dar en firme la resolución en su contra, le llevaría al remate del único terreno del cual subsistimos con mi familia y es más, no será suficiente para cubra el valor ordenado a pagar en la resolución”
Invoca artículos 75, 168.4, 323 de la Constitución, por cuanto el artículo 7 LRETE es contraria a la Constitución de la República y resulta preciso SUSPENDER la tramitación de la causa y “remitir en consulta el expediente a la Corte Constitucional”


CNJ:
El afianzamiento tributario es un requisito que sólo puede ser exigido a quien impugna un acto de determinación tributaria luego de que se ha calificado la demanda.

En el proceso no consta que haya habido calificación alguna.


Devuelve el proceso a la Tribunal de origen, que se califique la demanda y se ordene satisfacer el importe de caución en término de 15 días.